El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) podría invalidar la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cádiz si se presenta una demanda al respecto.
Recientemente, el tribunal suspendió el funcionamiento de un sistema similar en Málaga, argumentando que discrimina a los conductores de vehículos que no pagan el impuesto de circulación en la ciudad, pero que deben cumplir las normas de la ZBE, enfrentándose a sanciones de 200 euros en caso de incumplimiento.
La ZBE se implementa en todas las ciudades españolas con más de 50,000 habitantes, permitiendo a cada Ayuntamiento limitar áreas urbanas para reducir la contaminación y aumentar las zonas peatonales. En Málaga, esto afecta especialmente al centro y al barrio de El Soho.
La sentencia del TSJA sostiene que no se puede discriminar el acceso a estas áreas según el origen del vehículo, concluyendo que exigir el empadronamiento en Málaga para circular vulnera la libertad de circulación y la unidad de mercado. El tribunal argumenta que el empadronamiento no debe ser el único criterio para establecer bonificaciones o privilegios en la circulación.
En Cádiz, el Ayuntamiento, también gobernado por el Partido Popular, ha aprobado una ordenanza similar que favorece a los residentes que pagan el impuesto de circulación en la ciudad, restringiendo el acceso a la ZBE para los no residentes. El gobierno municipal, liderado por Bruno García, está considerando reforzar esta medida limitando las exenciones solo a quienes estén empadronados en Cádiz, lo que implicaría que quienes residan en otras ciudades, aunque paguen el impuesto en Cádiz, no tendrían acceso libre a la ZBE.
Esto podría verse afectado si se presenta una demanda similar a la de Málaga, como la que presentó el grupo político Vox en esa ciudad. El planteamiento inicial de la ZBE en Cádiz se alineaba con la postura del TSJA, buscando controlar el acceso de todos los vehículos a las áreas urbanas reguladas, principalmente en el casco antiguo, con excepciones para la circunvalación y un tramo del Paseo Marítimo.
El gobierno municipal de Bruno García ha defendido el cambio en la ZBE argumentando que es necesario favorecer a los residentes gaditanos. También se destacó que Cádiz cumple con los niveles de contaminación establecidos para la Agenda 2030. Aunque la ordenanza ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, se comenzarán a imponer multas a partir de finales de año, con un costo de 200 euros y un incremento del 30% para reincidentes.
El Ayuntamiento aún debe completar la instalación de la señalización que informará a los conductores sobre el acceso a la ZBE. Se permitirá el acceso con vehículos no registrados en Cádiz a hoteles, centros médicos, aparcamientos y talleres, siempre con una autorización previa.
