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El Ayuntamiento de El Puerto apoyará a trabajadoras de Ayuda a Domicilio ante presuntos incumplimientos de ÓBOLO

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha informado que respaldará a la plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio y evaluará todas las acciones legales y administrativas disponibles si se confirman los supuestos incumplimientos de la empresa ÓBOLO en la gestión del servicio.

Esta decisión municipal se produce tras las denuncias realizadas por las trabajadoras y delegadas de CCOO, quienes acusan a la anterior concesionaria de haber abandonado el servicio sin pagar liquidaciones y otras cantidades pendientes a parte del personal.

Entre las quejas se mencionan deudas relacionadas con nóminas de 2024, atrasos de 2025, liquidaciones de contratos, cursos y otros derechos laborales, aunque estos reclamos aún no han sido confirmados por una resolución administrativa o judicial.

El Gobierno municipal ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a las trabajadoras, asegurando que actuará con “máxima firmeza” si se demuestran las denuncias.

ÓBOLO dejó de gestionar el Servicio de Ayuda a Domicilio el 30 de junio, y desde el 1 de julio, la prestación del servicio es asumida directamente por la empresa municipal Avanza El Puerto, tras el proceso de municipalización impulsado por el Ayuntamiento.

Javier Bello, portavoz del Gobierno municipal, ha declarado que el Consistorio está revisando todas las opciones disponibles para determinar posibles responsabilidades relacionadas con los incumplimientos denunciados durante la concesión. “Este Gobierno no va a mirar hacia otro lado. Si se acreditan los incumplimientos, utilizaremos todas las acciones que nos permita la legislación vigente para exigir las responsabilidades correspondientes y, si es necesario, imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones contractuales y laborales”, ha afirmado.

El Ayuntamiento considera de especial gravedad que esta situación pueda haber afectado los derechos laborales de las profesionales que diariamente atienden a personas mayores, dependientes y otros colectivos vulnerables de la ciudad.

Desde el Gobierno municipal se sostiene que la prioridad será proteger tanto a las trabajadoras como al interés público, garantizando que cualquier empresa que tenga un contrato con el Consistorio cumpla con sus obligaciones laborales y contractuales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha asociado la municipalización del servicio con la necesidad de ofrecer una prestación más estable, segura y de mayor calidad, tanto para la plantilla como para los usuarios, dejando atrás una etapa marcada por incidencias recurrentes.

El Consistorio ha anunciado que llevará a cabo un seguimiento exhaustivo del caso y que tomará las medidas necesarias una vez analizada la documentación y determinado el alcance real de los presuntos incumplimientos denunciados.

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