Vox El Puerto ha emitido un comunicado para desmentir las informaciones sobre la situación urbanística de la vivienda habitual de su portavoz municipal, José Antonio Gomila. La formación califica las afirmaciones de «completamente falsas», anuncia posibles acciones legales y solicita formalmente su rectificación.
José Antonio Gomila también ha enviado un burofax a El Puerto Actualidad en el que ejerce su derecho de rectificación respecto a la información publicada el 2 de agosto, afirmando que ningún inmueble de su propiedad presenta la situación urbanística descrita. El requerimiento exige que el medio se retracte de lo publicado.
Tanto el comunicado de Vox como el burofax se centran en una cuestión de titularidad. Afirman que la vivienda en cuestión no pertenece a Gomila, sino a una persona cercana a él, aunque es su residencia habitual. Esto plantea la necesidad de que Gomila explique desde cuándo reside en el inmueble, su vínculo con la vivienda y su conocimiento sobre la situación urbanística que requiere regularización.
Documentación consultada por El Puerto Actualidad indica que el inmueble tiene una situación urbanística pendiente de regularización, relacionada con el desarrollo del sector y el planeamiento necesario para su encaje administrativo. Asimismo, se mencionan cuestiones sobre las licencias y obligaciones económicas asociadas.
Ni la nota de Vox ni el burofax proporcionan documentación que contradiga estas afirmaciones, ni aclaran el estado de regularización del inmueble o el conocimiento de Gomila sobre su situación administrativa. El debate es político y se centra en la coherencia de un concejal que ha hecho de la legalidad y la transparencia un eje de su actividad municipal.
Gomila suele exigir al Gobierno local documentos y explicaciones sobre asuntos que considera dudosos, lo que lleva a cuestionar qué sabe sobre la situación de su residencia habitual y desde cuándo es consciente de los trámites pendientes.
El comunicado de Vox también denuncia una supuesta «máquina del fango» y critica a los llamados «medios subvencionados», así como a las presiones sobre periodistas y creadores de contenido. Sin embargo, no se presentan pruebas concretas de estas acusaciones.
Aunque Vox y Gomila han aclarado que la vivienda no es de Gomila, no han desmentido documentalmente la situación urbanística del inmueble. Convertir la precisión sobre la titularidad en un desmentido total puede ser un argumento político, pero no resuelve las preguntas sobre licencias, regularización y trámites pendientes.
