José Antonio Gomila, concejal y portavoz municipal de Vox, ha sido crítico con el alcalde, exigiendo papeles y explicaciones sobre diversos temas que considera cuestionables. Sin embargo, su compromiso con la transparencia parece detenerse ante su propia vivienda, que presenta una situación urbanística pendiente de regularización.
Documentos consultados indican que un inmueble de su propiedad en El Puerto de Santa María enfrenta problemas relacionados con licencias y obligaciones económicas vinculadas a la junta de compensación. A pesar de que muchos ciudadanos se encuentran en situaciones similares, la posición pública de Gomila lo convierte en un referente en la exigencia de legalidad.
Las dudas sobre su propiedad suscitan la necesidad de que explique las autorizaciones que amparan el inmueble y los trámites que aún están pendientes. Preguntas que son similares a las que él plantea cada semana al Gobierno municipal.
Gomila ha manifestado su intención de acudir al Consejo de Transparencia para investigar los movimientos del alcalde. No obstante, resulta curioso que mantenga silencio sobre su propia situación mientras exige explicaciones a los demás.
El tema de la tauromaquia también ha puesto de manifiesto este doble rasero, ya que mientras cuestiona cómo se distribuyen las invitaciones institucionales, desde su entorno político se solicitan entradas gratuitas. Este comportamiento plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de sus exigencias de transparencia.
Para mantener su autoridad, Gomila debe dar ejemplo y ser transparente respecto a su propia situación. La legalidad y la transparencia no pueden ser solo un deber de los demás, sino que deben aplicarse a todos, especialmente a quienes ocupan cargos públicos.
